La Fiscalía archiva las diligencias contra Divalterra tras la denuncia del PP

El ya ex gerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo. BIEL ALIÑO

El ministerio fiscal ampara su decisión en el informe de un auditor interno que detectó incidencias en la gestión del ente

El jefe de la nueva Imelsa se pone coche oficial por 432 euros al mes

El PSPV, «convencido» de que la denuncia de Divalterra «quedará en nada»

  • EUROPA PRESS
  • Valencia

04/01/2017 10:54

La Fiscalía de Valencia ha decidido archivar las diligencias de investigación que había abierto ante la denuncia del PP en la Diputación Provincial sobre presuntas irregularidades en la empresa pública Divalterra -que sustituyó a la antigua Imelsa y sobre la que se ha anunciado una nueva etapa- a raíz del informe de un auditor interno que detectó incidencias en la gestión del ente.

Así lo han indicado fuentes conocedoras de esta decisión del ministerio público. La portavoz del PP en la corporación provincial, Mari Carmen Contelles, explicó en rueda de prensa a mediados del pasado mes de noviembre que ese informe del auditor cuestionaba, entre otros asuntos, fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas como dietas.

El PP señaló en ese momento que las incidencias apuntarían directamente al entonces uno de los cogerentes de Divalterra, Víctor Sahuquillo, nombrado por el PSPV y que presentó el pasado 14 de diciembre su cese irrevocable del cargo tras pagar las dietas cuestionadas, por un total de 252 euros. El Consejo de Administración de Divalterra aprobó su cese el 27 de diciembre.

El auditor advertía en su informe de la contratación de servicios sin un contrato/presupuesto firmado entre las partes; compromiso de créditos sin haberse iniciado el expediente de contratación con los documentos mínimos necesarios; o negociación de presupuestos con el objetivo de que ninguno de ellos superara los 18.000 euros, lo que evitaría la firma mancomunada de los dos gerentes, el del PSPV y Compromís, según denunció públicamente Contelles.

Así mismo, se advertía de que Divalterra había pagado más de 90.000 euros por tres contratos suscritos a la letrada Emma Ramón que representó al exalcalde de Gandía, ex jefe de Gabinete del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y ex número tres del PSPV con Ximo Puig, José Manuel Orengo, en otros procedimientos.

Los contratos contaron con el visto bueno de José Luis Vera, entonces director de los servicios jurídicos de Divalterra. El pasado 18 de noviembre, el presidente de la Diputación de Valencia anunció que iba a pedir al consejo de administración de la empresa pública apartar a Vera, al que pidió “explicaciones convincentes y documentadas” de los trabajos realizados a la entidad pública por Ramón dentro del caso Taula.

Una semana más tarde, el 24 de noviembre, la Diputación anunció que Divalterra iba a sustituir a Ramón, que hasta ese momento defendía a la empresa pública en tres asuntos judiciales vinculados al caso ‘Taula’, tras haber anunciado la letrada su “renuncia irrevocable”.

GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y DIETAS

El informe del auditor también contempla incidencias en dietas, gastos de representación y otros gastos. En concreto, señala que antes del 1 de noviembre, en que entró en vigor una nueva norma que regula estos aspectos, se incluían en los tickets conceptos no regulados como bebidas alcohólicas; no existían limitaciones sobre el gasto en comidas diarias en jornadas de trabajo convencional; no existía un concepto claro de los gastos de representación; ni un procedimiento único para todo el personal en la justificación y pago de dietas.

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