Procesan al ex conseller Rafael Blasco por el desvío de fondos destinados a un hospital en Haití

Rafael Blasco, en el banquillo junto a otros acusados en el caso Cooperación. E.M.

La jueza del caso Cooperación ha concluido la investigación con el procesamiento del ex conseller y 20 personas más

Les acusa de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude en las subvenciones, blanqueo y falsedad documental

La jueza encargada del llamado ‘caso Cooperación‘ ha procesado al ex conseller de Solidaridad y Ciudadanía en la etapa del PP Rafael Blasco y a otras 20 personas por las presuntas irregularidades en subvenciones y en construcción del Hospital de Haití, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Entre los procesados, además del ex conseller – que se encuentra actualmente cumpliendo condena en prisión por otra pieza del caso-, se encuentra la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la ex secretaria general, Tina Sanjuán; el ex director general, José María Felip, el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

La instructora ha concluido la investigación sobre esta pieza y ha encontrado indicios para juzgar a los investigados por prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Esta pieza se refiere a supuestos delitos cometidos con ocasión de las acciones institucionales aprobadas para la reconstrucción de Haití tras el terremoto. La Fundación Hemisferio recibió una subvención de la Conselleria que dirigía Blasco para asesorar técnicamente sobre la construcción de un hospital en Haití, en el que la Generalitat valenciana iba a invertir unos cuatro millones de euros, pero que no se llegó a realizar al hacerse pública una investigación sobre estas ayudas.

Respecto del delito de asociación ilícita, la instructora concluye que es “evidente” el concierto entre el ex conseller Blasco, el ex jefe de área Llinares y el empresario César Augusto Tauroni, quienes ejercían como “directores o jefes” del “grupo criminal” para poder “organizar el entramado necesario al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos”.

El hermano de Tauroni, dos trabajadores de la Fundación Entre pueblos, dirigida por el empresario y el administrador de las evaluadora externa, que puntuaba los proyectos que presentaba la Fundación a los concursos para la obtención de subvenciones, ejercían como “miembros activos” de la trama.

En el auto, de casi 400 folios, la magistrada explica que Tauroni, desde su puesto de director de “facto” de la Fundación Entre Pueblos, “era quien emitía órdenes dirigidas tanto a su hermano D. Arturo Tauroni, como a su trabajadora de confianza Dª Maribel Castillo, o a quien figuraba como presidente de la Fundación, D. Alfonso Navarro”.

La jueza añade que “prueba de lo anterior son los abundantes correos electrónicos que se cruzan entre ellos, en los que se refleja la subordinación de éstos a las órdenes y decisiones de aquel, quien era consultado ante la toma de decisiones relevantes”.

Según recoge la resolución judicial, Tauroni estaba en contacto permanente con el jefe de Área en la Conselleria, “pieza fundamental en la organización dentro de la Administración, quien se encargaba de facilitar al anterior toda la documentación e información de interés para poder concurrir a las convocatorias públicas, y quien a su vez, daba normas y directrices al evaluador externo, cuya participación era necesaria para poder obtener el beneficio económico buscado con su actividad ilícita”.

La titular de Instrucción 21 ha dictado un único auto de procedimiento abreviado con el que cierra la instrucción de las dos piezas, que se unifican. Las dos piezas se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG’s en los años 2009, 2010 y 2011,y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.

Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG’s, como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 una vez que el exconseller dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.

Blasco, junto a otros miembros de su equipo, y Cesar Augusto Tauroni ya fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a penas de prisión en la primera pieza del “Caso Cooperación”, por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.

Instrucción 21 mantiene abierta la investigación de otras dos piezas del “Caso Cooperación”. Una de ellas, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por parte de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.

La segunda pieza investiga si Tauroni utilizó un ordenador de la cárcel de Picassent, donde estaba preso tras la condena por la primera pieza, para realizar operaciones encaminadas a ocultar su patrimonio.

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