Ni topo ni infiltrado: las ONG también concluyen que Monterde asesoró a la banda de Blasco

Rafael Monterde, ex gerente de Las Naves, en una rueda de prensa del Ayuntamiento. JOSÉ CUÉLLAR

La Coordinadora Valenciana de ONGD, que dirige la acusación popular de las piezas dos y tres del caso Cooperación o caso Blasco, ha solicitado penas para los 21 procesados que suman 150 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita o pertenencia a grupo criminal, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental, encubrimiento y blanqueo de capitales.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la coordinadora, compuesta por más de 90 organizaciones que trabajan por la mejora de la cooperación al desarrollo y la solidaridad en la Comunidad Valenciana, traslada al juzgado que Blasco, en las distintas Consellerias de las que ha sido responsable, “adjudicaba de forma sistemática contratos a empresas de Augusto César Tauroni“, cerebro de la trama. Además, pese a que no figura entre los imputados o procesados, las ONG también concluyen, al igual que la magistrada-instructora, que Rafael Monterde, ex gerente de Las Naves destituido tras conocerse los correos que se intercambió con la red de Blasco, asesoró durante meses a Marc Llinares, uno de los altos cargos que dirigía el presunto grupo criminal.

La coordinadora afirma que “al asumir Blasco la dirección de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, ambos -el ex conseller y su corruptor- tomaron la determinación de que este último constituyera una organización no gubernamental, con la única finalidad de que, tanto el conseller como el empresario y su entorno, pudieran lucrarse económicamente, desviando fondos públicos concedidos por la Generalitat Valenciana destinados a la Cooperación Internacional, y ello prevaliéndose del cargo que ocupaba Blasco”.

Y así, mediante escritura pública de fecha 5 de diciembre del año 2008, se “constituyó la Fundación Entre Pueblos (posteriormente Hemisferio)” . Dicha Fundación se encontraba controlada por Augusto Tauroni, y tal y como ha quedado acreditado, “el mismo estaba concertado con el conseller Blasco para llevar a cabo una actividad delictiva consistente en el desvío de importantes subvenciones públicas en materia de Cooperación Internacional al desarrollo”.

Al parecer, según la CVONGD, “el dinero obtenido como consecuencia de dichas subvenciones, lejos de destinarse a los fines para los que se había concedido, se desviaba a diferentes empresas con sede en España y Estados Unidos, controladas por Augusto Tauroni y empresarios afines, que facturaban por trabajos que no se realizaban o tenían un coste muy inferior al que se plasmaba en las facturas”. Como consecuencia de dicho concierto, “Blasco percibía de Tauroni diferentes cantidades de dinero provenientes de dichas subvenciones públicas”, insiste el escrito.

Tauroni recibía el dinero por dos vías: presentando proyectos y recibiendo ayudas nominativas a través de pequeñas Ongds, que hasta la fecha habían recibido pequeñas subvenciones, o incluso ninguna; o mediante convenios firmados por el ex conseller.

La convocatoria de 2010

La CVONGD relata que en el borrador de la convocatoria del año 2010 de subvenciones a programas, proyectos y microproyectos de cooperación internacional al desarrollo, intervinieron varios funcionarios y fueron supervisados por Marc Llinares. Sin embargo, “lo sorprendente es que en la redacción de las bases de la convocatoria participó Arturo Tauroni -hermano de Augusto César-, el cual, con fecha 7 de septiembre del año 2009 remitió un correo electrónico a Marc Llinares, a su cuenta de correo , en el que le adjuntaba un archivo, corrigiendo varios extremos del borrador de la convocatoria”.

Según el escrito, “la intención última era que Tauroni obtuviera la mayor cantidad de dinero en los proyectos presentados por las organizaciones que controlaba”. De este modo, “y para beneficiar a Tauroni, Marc Llinares consiguió que se considerase país de atención específica a Camerún”.

Para esta convocatoria “se confeccionaron unos nuevos criterios de valoración que fueron elaborados por Rafael Monterde, el cual asesoraba a Marc Llinares”, por lo que la CVONGD tampoco da crédito a la versión del topo o infiltrado como testigo protegido que aireó cuando trascendieron los correos que envió a Llinares.

Los proyectos presentados en esta convocatoria que cumplían con los requisitos de tipo administrativo requeridos por las bases se remitían a la empresa evaluadora externa contratada, que era la UTE Broseta Abogados SL & Inversiones y Estudios Caaz SL.

El administrador de esta UTE era Luis Castel, para quien la CVONGD pide una pena de 14 años de prisión. En total, a dicha convocatoria se presentaron 197 proyectos, siendo evaluados los mismos por la entidad Inversiones y Estudios Caaz SL, “quien a su vez dispuso de colaboradores externos a la empresa para evaluar, entre ellos un equipo de la Universidad Politécnica dirigido por Rafael Monterde, el cual asesoraba a Marc Llinares”, repite el escrito.

“El equipo -continua la coordinadora- de Monterde estaba formado por Estela López, Inmaculada Román, Jenny Luz Mayta, Claudia Bouroncle y el propio Rafael Monterde. Nuevamente en esta convocatoria se alteraron las evaluaciones, modificándose al alza por parte del Castel y Urquiza aquellos proyectos cuya subvención interesaba a Marc Llinares y Augusto Tauroni, todo ello con el conocimiento del entonces conseller Blasco”.

En esta convocatoria, la directora general Pilar Collado y la jefa de Servicio, Amparo Ortiz, se negaron a dar el visto bueno a los proyectos presentados por las organizaciones controladas por la trama, “las cuales no tenían experiencia en la ejecución de proyectos de estas características, lo que motivó que finalmente Pilar Collado se negara a firmar la propuesta de resolución de la convocatoria, dimitiendo de su cargo el 30 de abril del año 2010”.

Monterde siguió en su puesto asesorando a los hombres de Blasco. Posteriormente se nombró como nuevo director general a Jose María Felip, el cual “sí firmó la propuesta de resolución que se había negado a firmar Collado”.

La convocatoria de 2011

El mismo modus operandi tuvo lugar en la convocatoria del año 2011, aunque en este caso la CVONGD recuerda que la empresa que evaluaba era Expande, seleccionada por concurso público.

“Como quiera que la evaluadora carecía del suficiente personal técnico para llevar a cabo los trabajos de evaluación, Rafael Monterde Díaz, el cual, tal y como ha quedado dicho, asesoraba a Marc Llinares, facilitó un grupo de técnicos procedentes de la Universidad Politécnica para que evaluaran los proyectos de las convocatorias de subvenciones del año 2011”.

Dichos técnicos evaluaron un total de 107 expedientes, en concreto 93 proyectos de desarrollo y 14 programas. Estos evaluadores externos eran Estela López, Inmaculada Román, Javier Ibáñez -número dos de Monterde en Las Naves-, Alex Riba y el propio Rafael Monterde”.

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