El TSJ paraliza el plurilingüismo en plena fase de escolarización

El conseller de Educación, Vicent Marzà, durante una rueda de prensa en la Conselleria. JOSÉ CUÉLLAR

En pleno proceso de admisión escolar, la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo que tenía que comenzar a aplicarse el próximo curso en Infantil cayó ayer como un auténtico jarro de agua fría en el Consell. El varapalo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a la Conselleria de Educación -que ya ha anunciado que recurrirá- puede suponer en la práctica la vuelta al decreto de 2012 que impulsó el Partido Popular. Y todo ello en unas fechas en las que las familias deben elegir colegio en función de su programa lingüístico.

El TSJCV acepta así la petición que había realizado la Diputación de Alicante en su recurso, en el que alegaba que la norma «discrimina» al alumnado que opta por la enseñanza en castellano. Aunque el auto de la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo señala que no entra de momento «al fondo del recurso», sí que desliza dónde puede estar el principal reparo al decreto: «Pese a lo que alega el letrado de la Generalitat, existe una diferencia entre las acreditaciones de los idiomas en los niveles básico, intermedio y avanzado».

«De no suspenderse hasta que recaiga sentencia, un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas», justifica el auto. En concreto, el decreto ahora paralizado contempla que los estudiantes puedan certificar conocimientos de inglés y valenciano en función del nivel de plurilingüismo de su colegio. Con niveles más avanzados (con más horas de valenciano e inglés), mayor será el título de idiomas que se pueda obtener. Así, en el nivel intermedio se certificará al acabar Bachillerato un A1 de inglés y un B2 de valenciano. En el avanzado, se logrará automáticamente un B1 de inglés y un C1 de valenciano. Sin embargo, en el nivel básico -el correspondiente a la enseñanza en castellano- no hay opción de certificar.

El propio Ministerio de Educación pidió explicaciones a la Conselleria sobre este punto, entendiendo también que podía dar lugar a una «discriminación». En su respuesta, el departamento que dirige Vicent Marzà avanzó la intención de regular unas pruebas que permitan la certificación a «todo el alumnado». Dicho con otras palabras, la Conselleria esquivó la reprimenda del Ministerio con la promesa de un desarrollo reglamentario posterior, y lo cierto es que el Gobierno central no ha recurrido el decreto.

El propio conseller lo destacó ayer, asegurando que su decreto cuenta con el aval en este sentido del Ministerio, pero también del Consell Jurídic Consultiu y de la Abogacía de la Generalitat. Preguntado sobre si esta decisión del TSJCV no supone una «parálisis» en la aplicación de la norma, Marzà insistió en que la decisión del tribunal no es de aplicación directa porque la sentencia «no es firme», por lo que su departamento cuenta con cinco días para recurrir.

Aun así, sindicatos docentes como STEPV y CCOO cuestionaron ayer la fundamentación jurídica de la suspensión cautelar, advirtiendo precisamente de los graves perjuicios que puede tener en la práctica para centros y padres. Para el STEPV, las consecuencias pueden ser «muy graves» porque «los centros ya han hecho públicos sus niveles del programa plurilingüe que aplicarán el próximo curso». El portavoz socialista en las Cortes, Manolo Mata, habló de un «daño gravísimo» para los niños. En esta línea, CCOO criticó la suspensión cautelar «por intentar evitar consecuencias que no se producirán inmediatamente y en cambio sí limitan los derechos lingüísticos y educativos del alumnado valenciano que ahora comienza el periodo de matriculación».

Por el contrario, CSIF y ANPE aplaudieron la decisión del TSJCV. En el primer caso, la organización sindical recordó que «fue la primera en recurrir esa medida del Consell, al considerar que vulnera el derecho a la igualdad y ofrece un trato discriminatorio a los centros que escojan al nivel básico, cuyos alumnos no tendrán acreditación en inglés». ANPE, que también tiene interpuesto un recurso, señaló que «parece evidente la imposibilidad» de que el decreto «se aplique el curso que viene».

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