El Gobierno recurre el decreto que obliga a usar el valenciano en la Administración

El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, charla con el conseller de Educación, Vicent Marzà, durante un acto. BIEL ALIÑO

La Abogacía del Estado ha decidido interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia contra el decreto de usos administrativos del valenciano aprobado por la Generalitat a instancia de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, al considerarlo ilegal y contravenir, entre otros, la Constitución. Entre otras cosas recuerda que el valenciano “sólo es cooficial en la Comunidad Valenciana”.

Según el decreto, auspiciado desde la Conselleria de Educación, el personal de la Generalitat deberá «iniciar en valenciano la comunicación», pero continuará en la lengua que demande la persona atendida tanto para la atención «presencial», sino también para la «telefónica» y la «telemática». En cuanto a los usos administrativos internos, todo lo que tenga que ver con resoluciones, comunicaciones, actas, convocatorias, órdenes del día o informes «se redactarán en valenciano».

Según la norma, el uso de las lenguas será diferente cuando se trate de remitir notificaciones de la Generalitat a personas físicas y jurídicas. Será entonces cuando se distinga por zonas de la Comunidad Valenciana de predominio lingüístico valenciano y de predominio castellano. Si las personas residen en zonas valencianohablantes, las comunicaciones estarán escritas en valenciano. En castellano sólo cuando lo solicite la persona interesada. Pero si residen en territorios castellanohablantes, los textos deberán estar en valenciano y en castellano.

Para notificaciones fuera de la Comunidad Valenciana, las comunicaciones tendrán que ser bilingües, con una excepción: cuando «se trate de comunidades autónomas pertenecientes al mismo dominio lingüístico que el valenciano».

El recurso de la Abogacía del Estado se tramita a través de la Delegación del Gobierno y, con él, el Gobierno de España se suma a los recursos presentados ya por el Partido Popular y por el sindicato CSIF sindicato que, no obstante, vio cómo el Tribunal Superior de Justicia rechazaba la petición de medidas cautelares. Se abre así una nueva batalla judicial con el uso del valenciano, después de la que ha planteado la Diputación de Alicante contra el decreto de plurilingüismo.

La Conselleria de Educación ya tuvo que acatar las observaciones jurídicas realizadas por el Consell Jurídic Consultiu (CJC), por ejemplo, para que los altos cargos y contratistas podrán usar cualquiera de las dos lenguas oficiales. La Conselleria entendía que el idioma que se debía emplear para presentar documentación debía ser el valenciano, pero el Jurídic rebatió que este intento de normalizar el uso del valenciano entre los contratistas debía entenderse «sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a comunicarse en cualquiera de las dos lenguas». Tras el tirón de orejas, Educación dijo estar dispuesta a modificar su idea inicial.

Según una nota de la Delegación del Gobierno, tras el análisis jurídico de dicha norma, la Abogacía del Estado entiende que se recogen “preceptos problemáticos que pueden resultar contrarios a la ley y a la Constitución”.

Entre los artículos cuestionables, están aquellos que prevén que las notificaciones, copias de documentos redactados en valenciano, y comunicaciones de la Administración de la Generalitat, que hayan de surtir efecto o estén dirigidas a “Comunidades Autónomas pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano”, se redactarán en valenciano, informa la agencia Efe.

Para la Abogacía del Estado “parece evidente que para que estas comunicaciones desde la Comunitat Valenciana pudieran ir redactadas en valenciano, tendrían que ser dirigidas a comunidades autónomas con la misma lengua cooficial, situación que, evidentemente, no es posible, al ser el valenciano una lengua cooficial únicamente en la Comunitat”.

Asimismo, el artículo 20 prevé, como requisitos que deben constar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas de los contratos que aprueben los órganos de contratación, que los contratistas utilicen el valenciano en los bienes y en los servicios que son objeto del contrato, de manera especial en el etiquetado, en el embalaje, en las instrucciones de uso y en atención a la ciudadanía.

“Esto parece vulnerar el principio de libertad de circulación, el artículo 139 de la Constitución y el principio de libertad de acceso a las licitaciones contemplado en el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, finaliza el comunicado de la Delegación del Gobierno.

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