El CJC afea a Oltra que obligue a las diputaciones a financiar su ley estrella

Monica Oltra durante una conferencia en el Club de Encuentro Manuel Broseta. JOSÉ CUÉLLAR

Dos magistradas discrepan de la mayoría y apuntan que la norma respeta la autonomía local

El Jurídic apunta que la redacción puede interpretarse como una imposición

El Consell Jurídic Consultiu ha echado más leña al fuego en la tensa relación que mantienen esta legislatura la Generalitat y las dos diputaciones gobernadas por el PP. Los partidos que sustentan al Gobierno son partidarios de vaciar las instituciones provinciales de contenido y entienden que el vasto presupuesto que estas tienen deben de usarse en favor del «bien común», mientras que en los populares defienden la autonomía de las diputaciones que no están para financiar las medidas del Consell como Xarxa Llibres o los decreto de Turismo y Deportes.

Tal y como publicó este periódico la semana pasada, el CJC ha avalado el anteproyecto de la Ley de Renta Valenciana de Inclusión, la medida estrella de Mónica Oltra para esta legislatura, aunque con varias observaciones esenciales que se deben de cumplir para ser conforme con el ordenamiento jurídico y un voto particular de dos consejeras.

De las cuatro observaciones esenciales que se hacen en el dictamen, tres pivotan sobre el papel que las diputaciones deben jugar en la aplicación de esta normativa. El órgano consultivo objeta que el artículo que señala que los programas realizados por los servicios sociales municipales «serán financiación por la Conselleria competente en materia de inclusión y/o las Diputaciones permanentes». La mayoría de los consejeros indican que el uso de esta forma imperativa «pudiera suponer una injerencia en la autonomía local» por lo que proponen que el texto se corrija para introducir que «la previsión de que esta obligación de financiación se derive exclusivamente de un convenio de colaboración interadministrativo».

El Jurídic también cuestiona el artículo 50 en el que se habla de las «atribuciones que reglamentariamente se determinen» a las diputaciones. La mayoría del CJC entiende que no se deben reglamentar las atribuciones de las diputaciones pues estas se deben limitar «a las atribuciones que les corresponden en materia de servicios sociales, y a los posibles convenios que, en esta materia, se suscriba con la Generalitat».

Voto particular

En su voto particular, las consejeras Asunción Ventura y Margarita Soler comparten el parecer de la mayoría del pleno en cuanto a la necesidad de completar y calificar el apartado de que hace referencia a la financiación. Sin embargo, señalan, que disienten del carácter esencial de esa observación pues «constituye una mera clarificación» al entender que la redacción propuesta «no puede interpretarse como una imposición de financiación a las Diputaciones Provinciales».

Las autoras de este voto apuntan que cuando se habla de que serán financiadas por la Conselleria y/o las diputaciones se permite que el dinero «provenga de la Generalitat únicamente o también de las Diputaciones cuando colaboren», sin que «obviamente comporte imposición alguna a dichas administraciones». Así, añaden que la colaboración a través de la fórmula de convenio es el hilo conductor del anteproyecto.

En la misma línea, Ventura y Soler tampoco creen que la otra observación sobre las atribuciones que reglamentariamente se determinen deba ser esencial. Por su parte, fuentes de la Conselleria indicaron a este periódico que todas las observaciones «serán subsanadas para que sean conformes con el dictamen del CJC».

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