Bonig se acoge al pacto con C's para blindar la línea roja con los imputados

César Sánchez, Isabel Bonig, Núñez Feijóo, Eva Ortiz, Juan Carlos Moragues y Elena Bastidas, en un acto del partido. MAO

La decisión del PP nacional de no tocar los estatutos no hará que el PPCV se replantee su postura

El pacto se compromete a la separación inmediata de los cargos públicos imputados en casos de corrupción

21/12/2016 07:53

La Ponencia Política y de Estatutos del XVIII Congreso Nacional del PP, que ayer presentó el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maíllo, no tiene intención alguna de tocar las líneas rojas sobre la corrupción. Así, la imputación – salvo en los casos que generen alarma social o delito flagrante- será un trámite más que se resolverá con la simple apertura de un expediente informativo y no será hasta el señalamiento del juicio oral cuando el expediente se vuelva disciplinario y el Comité de Derechos y Garantías pueda actuar.

Desde hace tiempo, el PPCV presionado por los malos resultados y acusado por el resto de partidos de amparar con sus normas a los presuntos corruptos, decidió, con el visto bueno de la dirección nacional, adelantar esa línea roja y exigir el acta a todo aquel inmerso en un caso de corrupción. Una postura que generó cierto malestar interno y mucho debate tras el fallecimiento de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá.

Los críticos con la presidenta regional, Isabel Bonig, esperaban que el trágico final de la senadora y el debate abierto, también en el PP nacional, volviera a acompasar la posición de los populares valencianos con los estatutos del partido. Pero la dirección regional no tiene intención alguna de rebajar su mano dura contra los casos de presuntas irregularidades por mucho que en los últimos días hayan crecido las voces internas que pedían una vuelta a lo que marcan las normas internas de la formación. Entienden que su decisión está avalada por las bases del partido que exigían una apuesta firme contra la corrupción.

El entorno de Bonig esgrime el pacto firmado con Ciudadanos que permitió la investidura de Rajoy para mantenerse fiel en sus postulados. En el apartado de regeneración democrática y lucha contra la corrupción, los dos partidos «se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial». Asimismo, las formaciones «se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombradas para desempeñar cargos públicos».

A este documento se acoge el PP de la Comunidad Valenciana para no moverse de la posición mantenida por la presidenta regional.

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