Un informe forense avala el pinchazo que destapó el blanqueo en el PP de Valencia

María José Alcón tras prestar declaración en el juzgado. JOSÉ CUÉLLAR

El informe psiquiátrico forense practicado a María José Alcón, la ex concejal del PP del Ayuntamiento de Valencia que confesó a su hijo por teléfono cómo el grupo municipal habría blanqueado 50.000 euros en la campaña de 2015, ha concluido que en el momento de su exploración se encontraba orientada y que su inteligencia y voluntad están dentro de los parámetros de la normalidad.

Según apunta la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el informe incluye un análisis sobre la salud de Alcón, sus antecedentes clínicos y su estado psicológico. Pese al tratamiento que ha recibido en los últimos años y su ingreso en clínicas de desintoxicación, diversas fuentes próximas al caso han confirmado que los forenses no han detectado secuelas que afecten a su percepción de la realidad.

Por tanto, el informe desmontaría la teoría de la conspiración difundida por determinadas defensas que pidieron al juzgado que se practicara esta pericial. El objetivo era acreditar que Alcón no estaba en plenas facultades mentales cuando explicó a su hijo cómo el grupo municipal blanqueaba el dinero de la campaña con billetes de 500 euros porque estaba ingresada en un centro psiquiátrico mientras la Guardia Civil escuchaba sus conversaciones.

Alcón es una de las principales imputadas en las diligencias derivadas de la Operación Taula, la investigación contra la corrupción que permitió desmantelar la presunta organización criminal del PP de Valencia, y las defensas han intentado desmontar la llamada en la que explica a su hijo la «trampa en el partido (…) para blanquear dinero vamos, corrupción política total».

El abogado José María Corbín -cuñado de la ex alcaldesa Rita Barberá y defensa de la presunta cajera que repartía los billetes, Mari Carmen García-Fuster-, entregó junto a otros letrados un escrito al juzgado considerando que era «fundamental para un correcto esclarecimiento de los hechos el averiguar las concretas circunstancias en las que dicha llamada se produce y es intervenida».

La petición de prueba pericial se entregó después de que el ex vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, su esposo e imputado por la presunta financiación irregular en las campañas de 20011 y 2015, declarara que Alcón se encontraba por esas fechas «en un grave y delicado estado psiquiátrico que conllevó su internamiento en un centro psiquiátrico».

Las defensas trasladaron al magistrado-instructor, el juez Víctor Gómez, que constaba «acreditado en la causa el delicado estado de salud mental de Alcón, su internamiento psiquiátrico (…) en especial régimen de vigilancia y aislamiento», además de la «prohibición de acceso y utilización de teléfono (salvo en determinadas horas y bajo supervisión de personal especializado del centro)».

Los abogados lamentaron que «se omitieran todas y cada una de las anteriores circunstancias al juez que debe tomar, y autorizar, una medida tan restrictiva de derechos fundamentales como lo es la intervención de un teléfono particular».

Al parecer, tras la exploración, practicada en las dependencias del Servicio de Clínica Médico Forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia, los forenses han trasladado al juzgado que respondió a todas las preguntas de forma coherente y que tiene capacidad de concentración. Pese a los problemas de salud mental que arrastra y las elevadas dosis de medicación que recibe desde hace años, Alcón está orientada en el tiempo y es plenamente consciente de lo que dice por lo que es imputable en una causa penal.

Además, siempre según estas fuentes, el informe forense también recogería que mientras estaba ingresada en la clínica le permitían hablar 30 minutos por teléfono por las noches y que, además de hablar con su hijo, también recibió una llamada de Rita Barberá para comunicarle que no iba estar en el puesto número de 10 de la última lista que encabezó para el Ayuntamiento de Valencia sino en el 16. La Guardia Civil interceptó la llamada que afloró el presunto blanqueo el 15 de abril de 2015, a las 21:30 horas, por lo que se habría producido cuando tenía permiso para usar su teléfono.

La entrega del informe fue notificada a las partes el pasado viernes, pero el juzgado se ha negado a dar traslado de su contenido a las partes porque incluye datos muy íntimo de la ex concejal.

Los abogados han denunciado la vulneración de los derechos fundamentales de sus clientes porque consideran que se está atacando al derecho de defensa. Varios de estos letrados están valorando elevar una queja formal al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que el juzgado les notifique el informe, pues la causa no es secreta y la Fiscalía Anticorrupción tampoco se habría opuesto porque lo solicitaron las propias defensas.

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