Transparencia tropieza con uno de los 'financiadores' de Alfonso Rus

Documento que justifica la rebaja temeraria de la filial de Clásica Urbana.

La Conselleria adjudicó el mantenimiento de su sede al grupo Clásica Urbana seis meses después de las detenciones del ‘caso Taula’

Los técnicos alertaron de que la oferta incurría en «temeridad»

La Conselleria de Transparencia ha iniciado el proceso administrativo para volver a contratar el servicio de conservación y mantenimiento integral de su sede, situada en el edificio de la Cigüeña de Valencia, tras resolver un contrato menor que adjudicó a un grupo empresarial investigado dentro de las diligencias derivadas de la Operación Taula.

El servicio de Contratación y Asuntos Generales de la Conselleria adjudicó en junio de 2016, seis meses después de las detenciones, el mantenimiento de su sede a la empresa Verdú y Masip Servicios SL, filial de la constructora Clásica Urbana, una de las empresas que a juicio policial habría financiado a la organización que dirigía Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación.

El consejero delegado de este grupo empresarial, Javier Marchesi, fue uno de los empresarios detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación contra la corrupción y el blanqueo de divisas desarrollada en enero de 2016.

La subsecretaria de la Conselleria escogió la fórmula de contrato menor y se fijó un precio de 17.900 euros (sin IVA) por el edificio, un inmueble histórico, antigua clínica de maternidad, que acumula múltiples deficiencias por el paso de los años.

Según consta en el expediente, se presentaron presupuestos por cuatro empresas y se invitó a una quinta que finalmente renunció. La filial de Clásica Urbana presentó la oferta más ventajosa, 11.076 euros (con IVA), mientras que el resto de presupuestos oscilaron entre los 14.000 y 16.000 euros. El único criterio de valoración que se estableció fue la oferta más económica por lo que el contrato recayó en Verdú y Masip Servicios SL.

En la propuesta de adjudicación no aparece ninguna mención a una valoración técnica pese a que el contrato incluía un servicio de conservación y mantenimiento integral (técnico-legal, preventivo correctivo y ambiental). No se tuvo en cuenta la oferta de materiales u otras apreciaciones técnicas de las empresas aspirantes, pues al precio se le asignó una ponderación de 100 puntos.

Oferta temeraria

El expediente recoge una incidencia de la jefa del servicio de Contratación, que alertó de que «la empresa con mayor puntuación, incurre en temeridad conforme a la legislación vigente». La media aritmética de todas las ofertas daba como resultado 12.745 euros y la oferta de Clásica Urbana se situaba un 10% por debajo, según consta en el expediente.

Los técnicos alertaron al grupo de que su baja era temeraria y Javier Marchesi ratificó la oferta de Verdú y Masip Servicios SL y presentó una justificación de su proposición económica para resolver la incidencia.

Marchesi valoró los medios humanos en 6.301 euros y los materiales en 2.500 euros, en total 8.801 euros. Por «razones de mercado» el grupo Clásica Urbana renunció a cualquier beneficio industrial, a cualquier rentabilidad empresarial.

El expediente recoge incumplimientos del contrato y correos electrónicos con varias reclamaciones porque las averías o deficiencias de la sede no se resolvían a tiempo. En cambio, fuentes de la Conselleria aseguran que los problemas que se generaron durante la prestación del servicio son los habituales en estos casos y subrayaron que el contrato se ha ejecutado con normalidad. Además, recordaron que empresas investigadas en casos de corrupción pueden seguir contratando con la Administración hasta que la sentencia, en caso de condena, sea firme.

Sin embargo, Transparencia ha decidido no renovar con este grupo investigado en el caso Taula, no se aplicará la prórroga prevista para el próximo ejercicio, y ha vuelto a sacar a licitación pública el servicio de conservación y mantenimiento integral de la Cigüeña.

En concreto, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado esta semana las condiciones del contrato, que esta vez se eleva a los 24.040,91 euros anuales (con IVA) por un plazo de doce meses prorrogable a otros doce.

En este caso Transparencia ha optado por un procedimiento ordinario, abierto, cuyo único criterio de adjudicación es que sea la oferta más barata. De nuevo se fía todo al precio y no se incluye en la valoración criterios técnicos.

Marchesi es uno de los constructores que arrastró la caída de Alfonso Rus. La investigación apunta a que obtuvo contratos millonarios de la Diputación a cambio del presunto pago de comisiones.

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