La reversión de La Ribera se inició sin revisar sus alegaciones ni las del Síndic de Comptes

Primera página del informe de 100 páginas con las alegaciones presentadas por Ribera Salud. E.V.

Ribera Salud envió un informe con 100 páginas por correo ordinario el jueves 23 y el lunes 27 Sanidad ya le había anunciado el fin de la concesión

La Generalitat Valenciana inicia la reversión de la privatización sanitaria

Ribera Salud recurrirá la decisión de no prorrogar la concesión sanitaria en Alcira

30/03/2017 07:22

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, no tiene previsto detener su propósito de poner fin a las concesiones hospitalarias y para lograr su meta desatiende cualquier tipo de argumentos que puedan llegar desde la empresa concesionaria del Hospital de la Ribera ni tampoco ha tenido a bien esperar a que se haga público el borrador del Sindicatura de Cuentas.

A pesar de que la primera semana de enero de 2017, Montón abrió un expediente para analizar el proceso de reversión de los hospitales ‘público-privados’ y permitió que las empresas presentaran alegaciones, todo ha resultado ser un paripé de cara a la galería porque la decisión ya había sido tomada de antemano.

La consellera demuestra además una voluntad expresa de acabar lo antes posible con su objetivo de devolver el sistema mixto de hospitales a la red pública. De hecho, no ha esperado a que Sindicatura de Cuentas emita su dictamen sobre las concesiones. Probablemente porque el informe provisional es demoledor para la Generalitat Valenciana, ya que el organismo que preside Vicent Cucarella concluye que durante el período 2009-2015 el modelo no solo fue más barato, sino también más eficiente.

En concreto, la primera auditoría oficial el ‘modelo Alzira’ confirmó que ahorró un 21% a la sanidad pública. Un argumento que no gustó a Montón y, por ello, ha decidido no aguardar a que los datos desmonten su plan.

Por su parte, desde Ribera Salud se ha venido preparando durante más de dos meses un informe con los motivos de calidad de gestión del modelo para reclamar una prórroga para, mientras, aclarar futuro del Hospital de la Ribera y especialmente de los trabajadores con los que Montón se ha comprometido a detallar en qué situación quedarán sus empleos el próximo 6 abril.

El escrito de alegaciones de Ribera Salud fue entregado en Correos el jueves 23 de marzo -como se aprecia en el cuño de la imagen- y, el lunes 27, Sanidad ya había remitido el escrito en el que se anunciaba la finalización del contrato. Es decir que el texto de cerca de 100 páginas no se tuvo en cuenta para tomar la decisión porque es evidente que la Conselleria de Sanidad sólo esperó a que el documento entrara por la puerta de sus dependencias para lanzar su resolución, que ya estaba predeterminada, sin tener en cuenta los indicadores, resultados, auditorías, eficiencia, informes de los técnicos que se recogen en el informe elaborado por la firma Ribera Salud que, por otra parte, ya ha anunciado que acudirá a los tribunales contra el fin de las concesiones hospitalarias.

El documento de alegaciones arroja una serie de consideraciones obtenidas de los propios datos oficiales de la Conselleria de Sanidad en los que se justifica la colaboración público privada en los hospitales, análisis de expertos y un estudio de la Universidad de California en Berkeley.

El primer punto del trabajo ya se critica el «carácter claramente político y prejuzgado del procedimiento de reversión que se aparta totalmente de lo que debería de ser un procedimiento sujeto a la legalidad».

El texto añade además que, desde septiembre de 2016, «han dejado bien a las claras que nos encontramos en el seno de un procedimiento meramente formal y aparente que ha de servir a los únicos efectos de otorgar una cobertura legal a la decisión de la consellera de no prorrogar el contrato por motivos políticos e ideológicos».

El hecho de no contemplar la ampliación del tiempo de contrato en el Hospital de Alzira se demuestra también en el acuerdo del director general de Recursos Humanos y Económicos del 12 de diciembre de 2016 que definía claramente «iniciar el procedimiento para determinar la no prórroga del contrato de gestión de servicio público por concesión entre la Conselleria de Sanidad y Ribera Salud II U.T.E., (expediente contratación 86/2003).

De ahí que en el informe de Ribera Salud se exponga con resignación que desde un primer momento «el procedimiento se realiza para dar cobertura a una decisión que ya está tomada: la no prórroga del contrato del que es titular mi representada, todo ello a los meros efectos de dar apariencia de legalidad y transparencia a una decisión que no la tiene, tal y como se fundamentará en el presente escrito».

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