El valenciano será 'requisito' pero ajustado al puesto del funcionario

El president de la Generalitat, Ximo Puig, junto la la consellera de Justicia, Gabriela Bravo y otros consellers en las Cortes. BIEL ALIÑO

El borrador de la Ley de Función Pública que Gabriela Bravo envía a las consellerias plantea acreditar su conocimiento pero aplaza el nivel de exigencia a un reglamento futuro

La ley del PP pedía acreditarlo una vez aprobada la oposición

25/01/2017 08:18

Las distintas consellerias de la Generalitat ya tienen en su poder el borrador definitivo de la futura Ley de Empleo Público que la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, ha elaborado para, una vez concluidos los preceptivos trámites de audiencia, se envíe a las Cortes Valencianas para su debate y aprobación.

El artículo 61 del texto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, relativo a los requisitos de acceso a la Función Pública, establece la necesidad de que los aspirantes acrediten «el conocimiento del valenciano que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes».

Gabriela Bravo opta por una vía suave en uno de los aspectos más polémicos de la norma, junto a la posibilidad de establecer vías extraordinarias para la consolidación de la plaza de los miles de interinos de la Administración, algo que no sucederá de manera automática y que, en todo caso, exigirá la superación de unas pruebas selectivas con libre concurrencia.

La ley es uno de los textos más esperados del Gobierno del Botànic, por la complejidad que entraña la modernización de la Función Pública -la última reforma de la ley data de 2010- y por la enorme presión ejercida por sindicatos y sectores del nacionalismo valenciano, como Escola Valenciana, Acció Cultural o el Bloc Nacionalista Valencià, socio de Compromís y origen de muchos altos cargos de la Generalitat, entre ellos, el secretario autonómico de Justicia y Administraciones Públicas, Ferran Puchades, número dos del departamento de Bravo.

La ley vigente, aprobada con la mayoría absoluta del PP, establecía en su artículo 53 que quienes superaran las pruebas selectivas para un puesto en la Administración Pública debían acreditar sus conocimientos del valenciano «mediante la presentación de los certificados, diplomas o títulos que hayan sido homologados por la Generalitat, o mediante la realización de un ejercicio específico al efecto». En el caso de que no se pudiera acreditar, se establecía la obligación de realizar cursos de perfeccionamiento de la propia administración.

De esa obligación de acreditar el valenciano a posteriori, se pasa a una exigencia a priori, es decir, obligatoria para poder presentarse a la oposición. Sin embargo, el hecho de que se aplace a un reglamento el nivel exigido ha diluido las expectativas de los más exigentes en este aspecto.

La mano de la consellera

Pese a ello, el texto es, sin duda, un avance en la reivindicación histórica de la izquierda sindical y política. Opta por una vía suave, al hablar de «competencia» lingüística y no de «requisito», algo que ya se había ido matizando en los acuerdos previos suscritos por UGT y CCOO junto a Intersindical Valenciana para intentar consensuar una posición común.

Está por ver cuál es la reacción de estas entidades sobre un texto en el que se percibe la mano de la consellera Bravo, fiscal por oposición y partidaria de no mantener posiciones radicales con el idioma. Eso sí, Bravo (Rafol de Salem, Valencia) defiende el derecho de los ciudadanos a que se les atienda en su idioma nativo, que es el principio que inspira la nueva ley. Además, su principal obsesión fue que todo el texto contuviera garantías suficientes para la igualdad efectivas entre hombres y mujeres.

Precisamente por esa posición tan personal, Bravo trató de presentar un texto con voladura controlada, es decir, casi sin posibilidad de enmienda, algo a lo que finalmente ha tenido que renunciar sometiendo la ley a consultas de los consellers nombrados por Compromís, que probablemente tratarán de endurecer esta parte de la ley antes de que se convierta en proyecto de ley con su aprobación en el pleno del Consell. Bravo cuenta con la confianza plena del presidente de la Generalitat.

Lo que se contempla en la Ley de Empleo afecta directamente a los 17.000 empleados de la Generalitat -excepto Sanidad, Educación, Justicia y personal investigador-, a todo su sector público -se refuerzan los mecanismos de control sobre las empresas y organismos-, a los consorcios, al personal administrativo de las universidades, al personal de las Cortes y de las instituciones estatutarias y a las entidades locales.

Por primera vez se crea un órgano de coordinación de toda la política de personal de la Generalitat. Se trata de la Comisión Intersectorial del Empleo Público, un órgano colegiado interno de coordinación entre la conselleria que tratará de unificar criterios también para los empleados cuyas condiciones se trabajo se rigen por normativas sectoriales como son sanidad, educación y justicia. Con ello, el conseller de Justicia y Administraciones Públicas amplía su capacidad de actuación y, por tanto, de poder. En este caso, Gabriela Bravo.

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