'Taula': la timba de los recaudadores del PP de Valencia un año después

PEDRO JIMÉNEZ

La mayor redada contra la corrupción en Valencia deja seis piezas separadas y una principal

Hasta 20 millones de euros en comisiones

De Alfonso Rus a Rita Barberá: 12 años de comisiones en el PP

29/01/2017 11:30

«Los hechos atribuidos al señor Rus se remontan a hace más de 10 años y suponen la creación de una auténtica organización criminal justificada para el desvío de fondos públicos en beneficio propio y de terceras personas. Es de destacar, no solamente su abundante patrimonio, sino que parte reside en el extranjero».

La frase es de uno de los tres delegados de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, el fiscal Pablo Ponce, y la pronunció dentro de un juzgado para pedir prisión provisional y sin fianza para uno de los hombres que más poder acumuló en la Valencia que vivía seducida por la cultura del pelotazo permanente. Fidelidades extremas y una tupida red clientelar le llevaron a lo más alto y también a lo más bajo, en total 12 años de comisiones que generaron unos beneficios personales para los investigados de al menos 20 millones de euros.

Esta semana se ha cumplido un año de la operación de la Guardia Civil que permitió desmantelar la presunta «organización criminal» del PP valenciano, el mayor dispositivo contra la corrupción política que un juzgado ha desplegado en la Comunidad. El PPCV sigue recuperándose de aquel golpe, una catarsis que no ha influido como se esperaba en sus resultados electorales.

Un año después de aquella macrorredada, ¿Cómo va la timba de los recaudadores? ¿Hacia dónde avanza la investigación? ¿Cuáles son las estrategias de las partes? ¿En qué estado se encuentran las diligencias? Esta es la radiografía de un caso que lo ha cambiado todo en Valencia, la investigación definitiva contra la corrupción que destapó el business de los recaudadores del PP.

El sumario del caso Taula lo componen cerca de 20 tomos y más de 30.000 folios que se dividen en seis piezas más la principal. La más avanzada es la A, la que investiga el blanqueo de 50.000 euros por el método del pitufeo, pero el fin de la instrucción se ha retrasado tras aparecer nuevas pruebas que han motivado la creación de dos subpiezas más, las que investigan la financiación irregular en las elecciones de 2007 -es la única que continúa secreta-, 2011 y 2015. La Fiscalía pedirá con toda probabilidad la apertura de juicio oral contra el medio centenar de cargos implicados y relacionará estos hechos con el delito electoral para que el tribunal acepte como hecho probado el origen ilícito de los billetes de 500 euros que se habrían repartido por el Ayuntamiento.

El procesamiento o no de los asesores y concejales salpicados por este escándalo también dependerá de cómo finalice el asunto de Miquel Domínguez en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ-CV), por el momento el único aforado contra quien se dirige Taula. Al fallecer la ex alcaldesa Rita Barberá a causa de un infarto días después de su declaración ante el Supremo, su posible responsabilidad penal se extinguió y las actuaciones se cerraron sin saber si sería declarada inocente o culpable.

Anticorrupción dirige la batuta de las acusaciones, el resto va a su rebufo y apenas han intervenido en los interrogatorios practicados en el último año. El ministerio fiscal ha optado por el pragmatismo, la eficacia en el procedimiento, y no se perderá entre diligencias desordenadas o superfluas que no vayan a ningún lado.

Este es el motivo por el que se ha fiado gran parte del éxito en las piezas que abordan los contratos zombies (B y F) en empresas públicas. Estas piezas recogen datos que demostrarían que los implicados se concertaron para simular contrataciones laborales, personas que tenían nómina pero no iban a trabajar.

En estos dos asuntos la Fiscalía lo tiene relativamente fácil para acusar porque varios imputados han reconocido que eran zombies y cuenta con el testimonio del ex gerente de Imelsa Marcos Benavent. Son de los asuntos que antes se juzgarán porque se buscan condenas para utilizarlas y negociar conformidades en el resto de piezas. El objetivo, recuperar la mayor parte del dinero para devolverlo a la Administración.

Pero la maniobra está siendo cuestionada, pues muchos de los hechos denunciados por Rosa Pérez (EU) siguen sin investigarse.

Pérez, justo después de que Rus lograra expulsarla como acusación porque la UCO investiga si las empresas públicas podían tener o no asesores, denunció la lentitud de las pesquisas en determinadas cuestiones. Cree que su presencia es incómoda y continúa siéndolo. Los investigadores no han tenido cuenta las aportaciones de su denuncia y hechos como el del contrato de los LED, la adjudicación de obras en carreteras o la fuga de capitales a empresas radicas en Brasil apenas han tenido avance.

Mientras, las defensas están inundando el juzgado y la Fiscalía de recursos, se recurre todo, hasta la prórroga del secreto de sumario. Muchas buscan ganar algo de tiempo y aprovechan las diligencias contra la denunciante y representantes del resto de formaciones para denunciar que se trata de una causa general que carece de cualquier fundamento. Han logrado trasladar la sensación de que determinadas pruebas son ilegales, como la llamada en la que María José Alcónconfiesa por teléfono a su hijo los hechos de la pieza A, y buscan nulidades para evitar los juicios.

En cualquier caso, hay defensas, sobre todo aquellas que están personadas en las piezas de los zombies, que ya han mostrado la voluntad de negociar con la Fiscalía una conformidad por todo lo que se avecina.

Los informes que ultima la Guardia Civil y las diligencias de la subpieza que se practican en secreto serán determinantes y marcarán el final de esta timba.

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