Sanidad se anticipa a Transparencia y 'cocina' un informe exculpatorio

Ricardo Campos, en una conferencia de la consellera de Sanidad, Carmen Montón. BIEL ALIÑO

El ‘número 3’ de Sanidad viola la ley de incompatibilidad impulsada por el Consell del Botànic

DOCUMENTO: Lea el informe completo de Sanidad

17/02/2017 10:02

Sanidad difundió ayer por la tarde un informe sobre la posible incompatibilidad o conflicto de intereses en la que podría haber incurrido el subsecretario de esta Conselleria, Ricardo Campos, al alquilar su clínica a un grupo que trabaja para su departamento.

Sanidad se adelantó así a un posible informe de la Conselleria de Transparencia que, según los precedentes de otros altos cargos como Dolores Salas o Mónica Cucarella, suele ser bastante más rigurosa. Tanto Salas como Cucarella, ambas nombradas por Compromís, se vieron obligadas a abandonar sus puestos.

De hecho, la primera parte del informe trata de justificar que el Servicio de Régimen Jurídico de Personal de la Conselleria de Sanidad dispone de competencia para analizar la posible incompatibilidad y conflicto de intereses y que se puede zanjar con este único informe, no sin recordar que la materia de incompatibilidades se regula por la ley 8/2016 de 28 de Incompatabilidades y Conflicto de Intereses de Personas con Cargos Públicos no electos y que ésta regula la creación de una Oficina de Control de Conflictos de Intereses que no se ha creado todavía y que debería depender de la Conselleria de Transparencia.

Aquí se plantea, por tanto, la primera disyuntiva: ¿cuál es el órgano competente para decidir sobre la situación de Ricardo Campos? Según la ley, debería ser la Conselleria de Transparencia. En los casos de Casas y Cucarella, dado que la Oficina de Control tampoco estaba creada, se optó por encargar un informe al servicio de Inspección de Servicios, algo que la Conselleria de Sanidad ha evitado a toda costa. De momento, Sanidad gana tiempo.

Resulta revelador también que el documento esté fechado sólo un día antes de que EL MUNDO denunciara la incompatibilidad de Campos. Desde que EL MUNDO comenzó a publicar los detalles de este caso, el pasado lunes, las fuentes oficiales aseguraban a este diario que Ricardo Campos disponía de un informe previo que le autorizaba en agosto de 2015 a firmar el contrato de alquiler con una firma sobre la cual tiene que adoptar decisiones el propio subscretario. Aquella afirmación queda en entredicho porque esa autorización previa no existe. Sanidad ocultó la verdad y ha cocinado un informe favorable a posteriori.

El criterio favorable del jefe del servicio jurídico de Sanidad, Guillermo Aranda, se basa también en que Campos alquiló su consulta «antes de la publicación de la legislación» de incompatibilidades del Consell y «por lo tanto, dicha publicación no contraría lo establecido en el artículo 4, ya que la situación es anterior a su aprobación y publicación». Es decir, Campos no habría violado la ley impulsada por el Botànic cuando alquiló su clínica. Pero, en consecuencia, sí que estaría haciéndolo ahora por mantener vivo ese contrato y estar tomando todos los días decisiones que afectan a la empresa con la que mantiene una relación mercantil, como es el pago de facturas y la gestión de todo tipo de contratos.

Al no encontrarse en vigor esta ley autonómica, para Ricardo Campos y el resto de altos cargos regía la la ley 3/2015 de 30 de marzo, la norma estatal que rige para los altos cargos del Estado. Esta norma, según el servicio jurídico de Sanidad, establece una excepción y permite “actividades privadas compatibles” en las “derivadas de la simple administración de su patrimonio personal o familiar”. La gran duda es si Campos se está limitando a alquilar un piso a un tercero y esto no contraviene el precepto legal. La ley dice que la excepción solo se permite “siempre que éstas (las actividades) no comprometan la imparcialidad o independencia del cargo ni vayan en detrimento del estricto cumplimiento de los deberes públicos”.

No consta que Ricardo Campos se haya abstenido en decisiones que afectan al Grupo con el que tiene alquilada la clínica. Según el informe, no existe indicio de parcialidad: “No se aprecia tal menoscabo por el objeto propio de la relación, que no consiste en una actividad profesional como tal, sino un mero alquiler de local a una entidad”. Y sigue: “Haciendo una interpretación rigurosa de la ley, al desarrollar esta entidad colaboración en materia de Seguridad Social en la especialidad de oftalmología, cabría aplicar la abstención del interesado en las decisiones que afecten a la citada entidad o, en última instancia, seguir los criteriosque al respecto pudiera establecer la Oficina de Control de Concflicto de Intereses, dado que la situación planteada se ha producido con anterioridad a la pulicación de la ley”.

El texto del jurídico incide en que no se trata de un caso en el que el alto cargo posea una participación accionarial en la empresa. Se trata, sostiene, de un supuesto «más modesto» al tratarse de un «mero alquiler de local y no de una participación directa en la entidad» y no afecta a la incompatibilidad. Sin embargo, matiza que una interpretación rigurosa de la ley, señala que al desarrollar esta entidad colaboración en materia de Oftalmología, «cabría aplicar la abstención de Campos en las decisiones que afecten a la entidad» con la que tiene alquilada clínica, algo que Sanidad no ha confirmado en todos estos días.

Según este informe juíridico, el subsecretario de la Conselleria de Sanidad, el que de facto lleva las riendas de la Conselleria, no interviene en la gestión del plan de choque. Esto, señalan, “corresponde a la Dirección General de Asistencia Sanitaria que depende a su vez de la Secretaría Autonómica de Salud Pública”, según el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Sanidad Universal.

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