Los interinos irán a los tribunales si son desactivados por el requisito lingüístico

Martín, la diputada nacional y portavoz de Educación de Cs, en una imagen de archivo. SERGIO BARRENECHEA

La diputada nacional y portavoz de Educación de Cs Marta Martín, y la síndica Mari Carmen Sánchez, se reunieron en Alicante con las asociaciones de profesores interinos de la Comunidad Valenciana para escuchar sus reivindicaciones sobre las consecuencias del requisito lingüístico y para elaborar, según Martín, «una batería de preguntas parlamentarias con el fin de conocer las soluciones que tienen pensadas el Consell y el Gobierno central». Martín expresó como «una gran injusticia» la puesta en marcha del decreto de la Conselleria que encabeza Marzà, al suponer la destitución de miles de docentes. «Nadie se acuerda de los 1.200 profesores interinos afectados por esta medida», añadió. La síndica Sánchez recordó que en 2013 el Consell, capitaneado por el PP, aprobó la normativa que exigía la capacitación de lengua valenciana a los interinos de toda la Comunidad Valenciana; incluso aquellos que llevaban años trabajando para la administración y que impartían sus clases en zonas castellanoparlantes. «Los populares hicieron la vista gorda con su propio decreto», insistió Martín, «que ahora, la Conselleria de Educación, anhela ejecutar».

Virgilio López, portavoz de la Red de Docentes Internos de la Comunidad Valenciana, afirma «no entender» cómo el Gobierno valenciano «quiere echar a miles de interinos con hasta 30 años de trayectoria y sustituirlos por otros sin experiencia pero con la capacitación de la JQCV», máxime «cuando hablamos de áreas como la Vega Baja», donde, normalmente, no se imparten clases en valenciano más allá de la asignatura homónima. López lo califica de «barbaridad», y que los afectados ya están informándose en bufetes de abogados para solicitar «indemnizaciones de cantidades importantes», al entender que se trata de un «despido improcedente» que atenta contra el Acuerdo Marco 1999/70 de la CEE, que equipara los derechos y deberes de los funcionarios interinos con los de carrera, dado que a estos últimos «no se les exige el requisito lingüístico», explicó López, que agregó la voluntad de su asociación de recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en caso de ser desactivados de la bolsa de empleo, así como de acudir a la justicia europea.

Por último, Sánchez defendió que estos interinos «son profesionales que llevan mucho años enseñando y que se van a ir a la calle a partir del uno de septiembre». Además, mostró su preocupación por el coste de los despidos, pues sería «otro varapalo para las arcas de la Comunidad». Las representantes de Cs reafirmaron el «cansancio» de su partido por los «planes estrella, que son meros titulares», y consideraron que el requisito lingüístico «desencadenará una situación complicada». La formación naranja instó a alcanzar un acuerdo de moratoria hasta que se conozca «cómo saldrá la oferta de empleo público».

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