Los funcionarios deberán acreditar el dominio del valenciano pero habrá excepciones en Sanidad

Los consellers Vicent Marzà y Gabriela Bravo, este martes con los sindicatos EL MUNDO

El acuerdo entre PSPV y Compromís pasa por que un reglamento de Bravo, que revisará Marzà, defina las necesidades en el plazo de un año

El Gobierno valenciano acerca posturas para exigir el requisito lingüístico a los funcionarios

21/02/2017 17:26

Los responsables de Administración Pública, Gabriela Bravo, y Educación, Vicent Marzà, han explicado este martes a los representantes de los sindicatos el acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno valenciano para exigir unos mínimos conocimientos de valenciano a los funcionarios.

Tras una complicada negociación, los dos consellers han optado por modificar la propuesta inicial de Bravo con dos exigentes disposiciones finales a la normativa. Así, en la nueva redacción se recoge que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley de Función Pública se aprobará, a propuesta de la Conselleria de Administración Pública, un reglamento “que regule la acreditación del nivel de conocimiento del valenciano en el ámbito del empleo público de la Comunidad Valenciana”. Este desarrollo reglamentario deberá tener en cuenta un informe previo del departamento de Educación que es quien tiene las competencias en materia de política lingüística.

La falta de concreción en el primer documento provocó las quejas de Compromís. Ahora, una segunda disposición deja claro que, si hay problemas a la hora de redactar el reglamento, el requisito se implantará automáticamente en función del grado de cada funcionario. Así, a los funcionarios del grupo A1, A2 y B se les exigirá un certificado C1 (el antiguo Mitjà); y a los funcionarios del C1 y el C2, los certificados B1 y B2, respectivamente (equivalentes al Elemental.

En este punto es cuando, como ya se recogía en la propuesta de Compromís y se pactó en su día con los sindicatos, se hace una excepción para el personal sanitario. Así, se indica que “excepcionalmente, en el ámbito sanitario y de la salud, y en garantía de los servicios públicos, si hay necesidad de personal y éste no dispone de la competencia lingüística acreditada”, se podrá contratar a trabajadores, aunque no “con carácter definitivo” siempre que medie “un informe que debe establecer la vigencia y la extensión de la exención mencionada.

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