La mujer de Tauroni ayudó a 'lavar' el dinero de las ONG

Tauroni, en el centro, en el acceso a los juzgados de Valencia. BIEL ALIÑO

La titular del juzgado de Instrucción 21 de Valencia, que ha investigado el denominado caso Cooperación o caso Blasco, ha rechazado los recursos de reforma interpuestos contra el auto por el que el juzgado procesó al ex conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, y a otras 20 personas por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a distintas ONG y en la construcción de un hospital en Haití.

Entre los acusados que presentaron recurso figura Augusto Tauroni, el empresario que ejerció de corruptor de Blasco, y su pareja, Alina Indiekina, quien habría ayudado a la trama a blanquear el dinero malversado a las ONG.

Según consta en la resolución, difundida ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV), «del texto de ambos recursos, no se aprecian motivos para reformar la resolución impugnada que va a ser mantenida por sus propios fundamentos».

El juzgado considera que «la prueba practicada al efecto es suficiente para continuar el procedimiento, y el resultado de las diligencias practicadas lleva a afirmar la existencia de indicios de entidad para imputar a los recurrentes la comisión de los delitos por el que se sigue el presente procedimiento».

Respecto a Tauroni, la juez señala que «la resolución recurrida narra de forma detallada los hechos en los que tuvo participación el mismo, y los elementos indiciarios que sustentan estos, sin que en el escrito de recurso se haya cuestionado la veracidad de los mismos».

«No pueden acogerse las manifestaciones expuestas en el escrito de la parte -continua el auto-, consistentes en entender que los hechos por los cuales está cumpliendo condena el recurrente y los investigados en la presente causa son los mismos». Para el juzgado, «la lectura de los hechos probados de la sentencia que se dictó por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia -primera pieza-, y la de los hechos expuestos en la resolución recurrida, fácilmente permiten apreciar que los hechos enjuiciados que motivaron la condena de Tauroni, son distintos a los que han sido objeto de investigación en la presente causa, debiendo por tanto ser objeto de nuevo enjuiciamiento».

Mientras, respecto al recurso de Indiekina, el juzgado dice que «la continuación del procedimiento frente a la misma, nada tiene que ver con su condición de esposa de Tauroni. Como se expone en la resolución recurrida, la misma adquirió junto con éste dos apartamentos en Miami utilizando el dinero defraudado de las subvenciones, apareciendo en la causa indicios suficientes para entender que conocía el origen ilícito del dinero con el que se compraban los inmuebles».

De igual forma, recuerda la juez, «la titularidad de estos fue transferida a la mercantil Indra Holding, sociedad en la que la recurrente ostentaba el cargo de vicepresidenta». Por tanto, «los hechos imputados a Indiekina pueden tener encaje penal en el tipo delictivo del blanqueo del capitales, por lo que será procedente continuar el procedimiento contra la misma».

Entre los procesados, además del ex conseller Blasco, se encuentra la anterior cúpula de la Conselleria: el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la ex secretaria general, Tina Sanjuán; el ex director general, José María Felip, el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

En ese auto, la instructora concluyó que es «evidente» el concierto entre el ex conseller Blasco, el ex jefe de área Llinares y el empresario César Augusto Tauroni, quienes ejercían como «directores o jefes» del «grupo criminal» para poder «organizar el entramado necesario al objeto de obtener beneficios».

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