La Fiscalía del TSJ abre la puerta a regular los contratos de los profesores asociados

Fabiola Meco, diputada del grupo parlamentario Podemos en las Cortes valencianas. JOSÉ CUÉLLAR

La Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha presentado un escrito en la sala de lo Social del Alto Tribunal en el que pide desestimar el recurso presentado por la Universitat de València (UV) contra la sentencia que obliga a readmitir como profesora asociada a Fabiola Meco, diputada del grupo parlamentario Podem en las Cortes valencianas.

Según apuntan fuentes jurídicas, el Ministerio Fiscal ha elaborado un dictamen en el que informa desfavorablemente sobre el recurso planteado por la UV y reitera la inmediata readmisión de Meco en la Facultad de Derecho. La sentencia se espera para otoño y la Fiscalía del TSJ cuestiona en su escrito la contratación temporal de profesores asociados como fórmula habitual para cubrir necesidades docentes.

Fabiola Meco empezó a dar clases en la Universitat en el año 2006 y ha desempeñado funciones de profesora asociada, adscrita al departamento de Derecho Civil, a tiempo parcial de doce horas semanales con un salario bruto mensual de 635,75 euros. Su contrato se iba renovando año tras año en función de las necesidades del departamento, tal y como establece la figura de profesor asociado, y no tiene plaza fija. Es doctora y accedió al puesto por un concurso en el que se valoraron sus méritos.

Tras las últimas elecciones autonómicas, la parlamentaria de Podemos presentó un escrito en la UV, en fecha 5 de junio de 2015, comunicando que en fecha 11 de junio de 2015 tomaba posesión como diputada en las Cortes, por lo que solicitaba que se paralizasen sus retribuciones con efectos de 10 de junio de 2015, y se valorase la modalidad que le permitiera seguir ostentando la condición de profesora asociada durante el ejercicio de su cargo público.

El rector de la UV resolvió, en fecha 12 de junio de 2015, declarar a Meco en situación de excedencia forzosa, con efectos desde el 11 de junio de 2015 hasta el 31 de agosto de 2015, fecha en que finalizó su contrato laboral.

Entre tanto, la Comisión de Estatuto de los Diputados de las Cortes, en fecha 9 de julio de 2015, dictaminó que «la impartición de cursos e intervención en actividades docentes en centros universitarios son compatibles con el ejercicio de la función parlamentaria» y que «las actividades docentes a tiempo parcial y de carácter extraordinario llevadas a cabo en calidad de profesor asociado son una forma de prestación de servicios docentes extraordinarios compatibles, siempre que se presten dentro de las condiciones establecidas en la ley electoral».

La ley electoral, en su artículo 8, dice que los «diputados no podrán percibir más de una retribución con cargo a los presupuestos de los órganos constitucionales, de la Generalitat, o de las Administraciones Públicas». Además, recoge que «también son incompatibles las retribuciones como diputado con la percepción de pensión por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio».

Este argumento es el que está defendiendo la UV ante el TSJ para justificar su decisión, pues consideran que no pueden retribuir a Meco porque ya percibe un salario público como parlamentaria. Ni siquiera se habla de despido en la UV porque a la diputada se le renueva año tras año su contrato como profesora asociada, de ahí que se acordara su excedencia forzosa para no incumplir con la ley electoral. Meco, en cambio, considera que la ley recoge su caso como una excepción y puede compatibilizar ambas funciones.

La sentencia dictada en primera instancia recoge «la nulidad del despido» y condenó a la institución educativa «a la inmediata readmisión de la trabajadora en las mismas condiciones anteriores al despido y al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la readmisión se lleve a efecto».

La figura de profesor asociado permite aportar a las universidades el conocimiento y experiencia de los profesionales, su retribución en su origen era casi testimonial. Pero con el paso del tiempo su uso se ha pervertido y se cubren muchas plazas con asociados.

Meco tiene muchas opciones de volver a ganar en la sala de lo Social del TSJ-CV, sobre todo tras la reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo (TS). En junio, el Alto Tribunal estableció que la normativa vigente, ni siquiera la específicamente prevista en materia de docentes universitarios, no ampara el recurso a la contratación temporal como fórmula habitual para cubrir necesidades docentes de carácter estructural y ordinaria.

Además, la sentencia indicaba que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, los jueces deben comprobar en el caso de los profesores asociados que la sucesión de contratos temporales en la universidad se realiza para atender necesidades provisionales. La resolución abordaba el pleito planteado por un profesor que había trabajado en la Universidad de Barcelona a través de sucesivos contratos de carácter temporal durante diez años.

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