La escuela concertada trata de no romperse con las nuevas protestas

Una de las protestas convocadas por toda la enseñanza concertada el año pasado en Valencia. MAO

La primera gran movilización ciudadana contra el Consell del Botànic salió de las aulas de los colegios concertados. La contestación social contra los recortes de unidades por parte de la Conselleria de Educación llevó a sus dirigentes a plantear este año una nueva negociación con las patronales de centros (Escuelas Católicas y Feceval) y el principal sindicato del sector (FSIE). Sobre la mesa, el que estaba llamado a ser el gran tijeretazo a la escuela concertada, teniendo en cuenta que en juego estaba la renovación de todos los conciertos de Bachillerato, es decir, una etapa postobligatoria que, según interpreta el Consell, no tiene por qué subvencionar. El resultado, sin embargo, dejó en buena parte de los colegios una cierta sensación de alivio ante lo que podía haber sido y no fue.

La realidad es que la Administración educativa ha propuesto únicamente el recorte de 31 aulas de primero de Bachillerato, con lo que la mayoría de centros valencianos no se verán afectados. Ahora bien, el descontento sobre todo de las familias y de los titulares de centros señalados por la Conselleria derivó pronto en la constitución de una nueva plataforma -Libertad de Enseñanza 27.1, que aglutina a los colegios agraviados- y de la convocatoria de la que se espera sea una nueva gran manifestación este sábado por las calles de Valencia.

Pero, aunque esta tarde todos los colectivos de la concertada prometen estar presentes en la protesta, lo cierto es que comienzan a aparecer las primeras grietas en la unidad del sector. De entrada, porque ni las patronales ni FSIE han impulsado la manifestación de hoy, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado. Aunque la Mesa por la Educación en Libertad -donde están las patronales- ha dado su apoyo a la movilización, en su seno no ha faltado el debate en torno a su conveniencia.

Lo cierto es que las patronales y FSIE están en plena negociación con la Conselleria, por lo que hay quien entiende que salir ya a la calle era precipitado. La secretaria autonómica de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, insistía ayer en que la entidad «comparte las justas reivindicaciones de las familias y apoya a los titulares de centros afectados», a los que por otro lado se está prestando asesoramiento en la presentación de alegaciones.

Aun así, desde la citada plataforma de centros, su portavoz, José Javier Sebastián, justificó la protesta por estar el sector ante «el principio» del ataque a la concertada. En cualquier caso, quiso dejar claro que «no se trata de un enfrentamiento con la escuela pública», sino de luchar contra «el recorte de libertades». Pero lamentó: «Teníamos la necesidad de ir por nuestro lado porque no estamos lo suficientemente amparados».

Vicente Morro, presidente de las familias católicas de FCAPA, también destacó que «hacía falta moverse urgentemente para dar una respuesta a un ataque a la educación concertada que va más allá del recorte ahora en Bachillerato». Y sobre el hecho de que las patronales se hayan puesto de perfil, afirmó:«Lo que importa es que la gente se mueva, y al final los primeros afectados somos los padres y luego los profesores. Por eso está USO y no se entiende que FSIE no».

Desde FSIE, sin embargo, destacaron que a nivel provincial, el sindicato de Valencia estará presente en la manifestación «para estar al lado de los trabajadores de los centros afectados». Ahora bien, «nos parece una convocatoria precipitada y criticamos los plazos y la irresponsabilidad de quienes la lanzan sin procurar la unión de todas las fuerzas sindicales y sociales como el año pasado», criticaron fuentes del sindicato, que cuestionó el «ánimo ventajista» de los convocantes.

En lo que se coincide de manera generalizada es en la crítica a la forma de proceder de la Conselleria, que filtró a los medios su propuesta de recortes en plenas vacaciones de Semana Santa y aún ayer estaban los centros recibiendo las resoluciones administrativas con las unidades suprimidas. Se abre ahora el periodo de alegaciones, a pesar de que el proceso de admisión escolar arranca ya el próximo 22 de mayo. Dada la incertidumbre que esto supone para las familias, Morro fue tajante: «Si esto es premeditado, es una vergüenza; si no lo es, es una chapuza».

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