El bloqueo de la ley de publicidad institucional mosquea a Compromís

La diputada Isaura Navarro junto a portavoces y diputados de PSPV y Podemos. BIEL ALIÑO

La norma, presentada en septiembre de 2015, aún no ha entrado a debate en comisión

El PSPV pide en sus enmiendas anular cualquier régimen sancionador

Fue una de las primeras leyes que anunció Compromís (septiembre de 2015) y ahora, a mitad de legislatura, todavía duerme en los cajones. Desde el 16 de marzo del año pasado, las enmiendas ya están ordenadas y solo falta que la norma que debe servir para «impedir el uso partidista o particular en la gestión comunicativa pública» y «garantizar el uso de la publicidad institucional en beneficio exclusivo de la ciudadanía» entre en comisión. Un retraso que nadie acierta a explicar pero que empieza a mosquear al grupo parlamentario que presentó la iniciativa, más aún cuando quien tiene la potestad de empezar el debate es del presidente de la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, un diputado socialista.

En el grupo parlamentario del PSPV niegan que haya ningún interés en retrasar la puesta en marcha de la propuesta, pero la respuesta no convence a sus socios de Gobierno. A raíz del interés de este periódico por informar sobre la situación de bloqueo, representantes de PSPV y Compromís se han citado para hablar con la intención de poder, a la vuelta de las vacaciones, iniciar los trámites para el debate de la normativa.

El paso por comisión no será tampoco sencillo. Compromís y Podemos han presentado toda una serie de enmiendas conjuntas con la intención de mejorar el texto y la autora del mismo, la diputada Isaura Navarro, no ve con malos ojos la mayoría de reticencias que expresan en el PSPV. Sin embargo, hay una cuestión que no gusta al grupo parlamentario de Compromís. Y es que los socialistas proponen la supresión de todo el título que hace referencia al régimen sancionador.

La normativa propuesta por Navarro prevé tres tipos de sancionas: leves, graves y muy graves. En todas ellas se prevé la imposición de una sanción que obligaría a la persona sancionada a reingresar a las arcas públicas los costes económicos que haya tenido la campaña de publicidad institucional, más el interés. Además, en función de la gravedad, se impondrá la prohibición de contratación con administraciones públicas de hasta un máximo de 10 años.

En Compromís consideran que elininar el régimen sancionador previsto desnaturalizaría la normativa y creen que hay margen para negociar con elPSPV. En esta línea recuerdan que la aprobación de un régimen de multas para la Oficina Antifraude también estuvo en el aire y al final se acabó aprobando.

Los socialistas en sus enmiendas también piden suprimir la disposición transitoria pues tienen dudas acerca de su validez jurídica. Este punto indica que «las campañas de publicidad ya licitadas deberán adaptarse a la presente normativa, cesando de inmediato las licitaciones de aquellas que no cumplan con aquello previsto en la presente ley». Pero va más allá y señala que incluso los expedientes de contratación en materia de publicidad ya iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley deberán adaptarse a ella.

Con todo, la impulsora de la norma, Isaura Navarro, espera que «lo más pronto posible» se pueda poner en marcha una ley que considera «un avance fundamental» en el cambio en favor de la regeneración que impulsa el Gobierno del Botànic.

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