Alberto Fabra autorizó por escrito el pago de las defensas de 'Gürtel'

Alberto Fabra saluda a David Serra el día de su toma de posesión. VICENT BOSCH

El ex presidente del PP firmó una carta para permitir que las minutas de los acusados por la financiación irregular se pagaran con el dinero del Parlamento

La nueva dirección no dará más fondos para abogados

CASO GÜRTEL El PP de Valencia pagó la defensa de sus imputados en Gürtel con dinero público

28/01/2017 04:29

El ex presidente de la Generalitat y del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, autorizó por escrito que las defensas de tres de los cargos acusados por la financiación irregular del partido se pagaran con las subvenciones de las Cortes. Según apunta la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Fabra, quien ocupa en la actualidad una plaza de senador territorial, firmó este documento en 2012, justo después de que un jurado popular declarara no culpable a su predecesor, Francisco Camps, en el asunto de los trajes que se juzgó en una pieza separada de la Gürtel valenciana.

La carta representa un compromiso de Fabra para que el PPCV asuma las defensas de Ricardo Costa, ex secretario general; Yolanda García, ex tesorera; y David Serra, ex vicesecretario del PPCV y uno de los cargos investigados en las diligencias derivadas de la Operación Taula.

El portavoz del grupo parlamentario era Rafael Blasco, el ex conseller que cumple seis años de cárcel por malversar las ayudas de las ONG, y la anterior dirección era conocedora de esta decisión. Al parecer, Blasco es una de las personas que habría intervenido en el acuerdo para que el dinero público que recibía el grupo parlamentario sirviera para pagar las defensas de Gürtel.

Fabra, en declaraciones a este periódico, aseguró la tarde del jueves que no era conocer del acuerdo: «No lo recuerdo, es que no lo recuerdo», repitió. El ex presidente autorizó con la misiva la disposición de estos fondos por parte de los acusados mientras defendía sus contundentes medidas contra la corrupción.

Las minutas presentadas por varios despachos de abogados al PPCV no esconden en ningún momento los conceptos y aparece identificado el CIF del grupo parlamentario, según esta información. En el servicio se especifica claramente que la minuta se pasa por la asistencia jurídica de estos cargos en la causa abierta en Gürtel por la presunta financiación irregular. Oscilan entre los 30.000 y 40.000 euros por la asistencia jurídica de Costa, Serra y García en la fase de instrucción.

La actual dirección del grupo parlamentario admite estos pagos pero ya ha trasladado que no se hará cargo de los gastos derivados de la asistencia jurídica en el juicio, que arranca en marzo en la Audiencia Nacional. Según las fuentes consultadas, esta decisión ha molestado a los acusados, que consideran que no sólo se defenderán a sí mismo en el juicio sino al propio partido.

La información publicada ayer por este periódico sorprendió a muchos cargos populares, sobre todo entre aquellos que han sido citados como imputados por los juzgados y que se han pagado con sus ahorros las defensas. Fuentes del PPCV insistieron ayer que con carta de Fabra o sin ella no se van a utilizar fondos públicos para pagar ninguna defensa más.

Las normas que regulan el uso de estas subvenciones públicas que reciben los partidos con representación en el Parlamento valenciano son muy ambiguas. La regla dice que son para «uso general» del grupo y de los diputados.

Ayer, la presidencia de las Cortes valencianas anunció que notificará al Tribunal de Cuentas esta información para que «actúe en consecuencia» y aclare los límites que marca la legislación vigente respecto a estas cuestiones. La decisión la anunció el presidente del Parlamento autonómico, Enric Morera (Compromís), durante su asistencia al acto de traspaso del bastón de mando de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE) en Sevilla.

Así, el presidente de las Cortes pondrá en conocimiento del Tribunal de Cuentas esta información para que «nos indique si esta práctica es legal, si es correcta, y que nos den las indicaciones que consideren para la buena administración de los caudales públicos», de acuerdo con la legislación vigente y en ejercicio de sus competencias, subrayó Morera. La documentación se remitirá a partir del lunes.

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