El PP pagó una campaña de Rita Barberá con 700 billetes de 500 €

Alfonso Grau y Rita Barberá en su última comparecencia juntos y, al fondo, Jesús Gordillo, el asesor que ha delatado al grupo municipal. JOSÉ CUÉLLAR

Un ex asesor confiesa que Grau le dio 350.000 euros en efectivo para liquidar deudas de las elecciones de 2007

Laterne recaudó para la ‘caja ‘B’ y y el cuñado de la ex alcaldesa facturó 3.000 euros al mes como asesor jurídico

Alfonso Grau era el centinela de la caja B del PP de Valencia

‘Taula’: la timba de los recaudadores del PP de Valencia un año después

14/03/2017 03:10

No eran mil euros, ni tan siquiera 50.000. Las diligencias que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha practicado en los últimos meses en secreto ha sacado a la luz una auténtica bolsa de dinero negro, que llegó a acumular centenares de miles de euros, que los cargos investigados llenaban con donaciones de empresarios, en su mayoría grandes contratistas del Ayuntamiento de Valencia o la Generalitat, para que Rita Barberá ganase elecciones.

El levantamiento del secreto de sumario de esta pieza separada del caso Taula, el procedimiento que permitió desmantelar la presunta «organización criminal» del PP en la Comunidad Valenciana, ha sacado a la luz un entramado societario, escondido dentro del grupo Laterne, que posibilitó que la caja B pasara inadvertida.

Su centinela era Alfonso Grau, vicealcalde y jefe de las campañas de Barberá, y el abogado que asesoraba al grupo Laterne era José María Corbín, cuñado de Barberá y letrado de Mari Carmen García-Fuster, la secretaria del grupo municipal que habría repartido los billetes de 500 euros en la campaña de 2015. Corbín facturaba por estos servicios 3.000 euros al mes, según el sumario.

Esta pieza separada aborda la recaudación y los pagos de las elecciones municipales de 2007 y el juzgado ha ampliado las diligencias pues, además de blanqueo de divisas y fraude electoral, se investigarán presuntos delitos continuados de malversación de fondos públicos y cohecho. La investigación apunta que los donantes recibieron una lluvia de millones tras llenar la caja B.

La declaración que ha sacado a la luz el entramado de Laterne es la que realizó el ex asesor de Grau, Jesús Gordillo, ante la Guardia Civil el 1 de diciembre de 2016, una semana después del fallecimiento de la ex alcaldesa por un problema hepático.

Gordillo, uno de los asesores que se negó a participar en el blanqueo de 2015, trabajaba en Laterne y declaró a los agentes que Grau le entregó «la cantidad de 350.000 euros en efectivo en billetes de 500 -700 billetes- y recibió instrucciones» para recoger de Secopsa, la constructora fetiche del ex vicealcade, «un cheque bancario por importe de 150.000 euros» que se habría destinado para pagar los actos electorales del PP.

Este dinero se entregó en una reunión a la que asistieron, además del declarante, Vicente Sáez -jefe de Laterne ya fallecido- Alfonso Grau y personal de administración. Al parecer, en 2008 aún había proveedores que no habían cobrado los servicios que contrató a Laterne y llamaron a la Alcaldía quejándose.

Grau arregló el contratiempo y Gordillo se llevó los 700 billetes de 500 euros a su casa y pagó a los proveedores días después. Una vez abonadas todas las facturas pendientes, le sobraron 15.000 euros que devolvió a Grau. Además, aseguró que usó el cheque de 150.000 euros de Secopsa para abonar más facturas y detalló cómo García-Fuster también pagó gastos de la campaña de 2007 con otro cheque de 150.000.

En total, según ha acreditado la UCO, el grupo municipal popular gastó en la cita electoral de 2007, en la que Rita Barberá rompió su techo con los mejores resultados que obtuvo como candidata en unas elecciones, cerca de tres millones de euros.

Las empresas que pagaron son Lubasa, Nou Litoral, FCC, Agricultores de la Vega, Contratas Prieto, Construcciones Nagres, Secopsa, Balestesa Valencia, PKL Real Estate, Urbana Ducat, Pavasal, BSB Publicidad, Marina Clara, Xilxes Golf, Luján, Edival, Agora Patrimonial, Prieto, Inmotec, Rover Alcisa o Aprico.

Las revelaciones complican el futuro judicial de los 50 cargos que siguen imputados y del propio PP, pues estos indicios apuntalarían el origen ilícito de los 50.000 euros que el grupo afloró en 2015.

Let’s block ads! (Why?)

Notas recomendadas

Déjanos tu comentario, tu opinión importa